De estado laico, nada

Ha vuelto a ocurrir. La Iglesia ha vuelto a meter baza en asunto públicos, con el beneplácito de administración, políticos y jueces. Como sin duda todo el mundo habrá escuchado ya, la profesora de religión Resurrección Galera ha ganado su batalla personal contra la Iglesia, que la había despedido de su puesto por haberse casado hace casi doce años con un señor divorciado. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha dado la razón y ha obligado a readmitirla. La noticia, que en un principio parece algo para celebrar, se vuelve indignante cuando se sabe que a quien condenó el TSJA es al Ministerio de Educación, es decir: a todos nosotros.

Esta señora dio clase de religión en varios colegios públicos y concertados de Almería durante años. El obispado la echó por demostrar una “falta de coherencia con la doctrina católica sobre el matrimonio”.

Yo no sé si esto pasa en algún otro país civilizado. Los profesores de religión son contratados por el Ministerio de Educación según las directrices del obispado de turno, y por lo visto también pueden ser despedidos bajo idéntico criterio. No tienen que seguir los mismos cauces de contratación que los demás, y esto ya es bastante surrealista. Después de doce años de pleitos, a esta señora hay que pagarle ahora entre todos, con dinero público, 200.000 euros, debido a los caprichos ideológicos de la secta católica.

Dice la Constitución Española:

Artículo 16.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Esas “relaciones de cooperación” se referirán al anacrónico Concordato firmado entre España y el Vaticano allá por el 79. Cómo, ¿qué no lo sabías? Pues sí, España tiene firmados con el Vaticano acuerdos según los cuales la Santa Sede puede meter las narices en asuntos legales, económicos, militares y, lo que es más alarmante, en asuntos relacionados con la enseñanza y el adoctrinamiento. En Francia, sin ir más lejos, hace más de cien años que la ley prohíbe este tipo de concordatos.

 ¿España, aconfesional? Dejad que me ría. España se lleva mejor con la Iglesia en 2011 que en las primeras décadas del régimen franquista, y no es una forma de hablar. Por uno u otro motivo, ningún político ni dirigente español ha tenido el valor, el sentido común o la autoridad necesaria para dar un puñetazo sobre la mesa y acabar de una vez por todas con este acatamiento rastrero de los dictados de la secta más grande del mundo.


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